EXPERIENCIAS DE GESTIÓN COLECTIVA DE LO AGRARIO COMO ALTERNATIVAS A LA PRIVATIZACIÓN DEL TERRITORIO

EXPERIENCIAS DE GESTIÓN COLECTIVA DE LO AGRARIO COMO ALTERNATIVAS A LA PRIVATIZACIÓN DEL TERRITORIO

Daniel López García 27 junio 07

No hace falta recordar el papel de la agricultura y la ganadería en la construcción de nuestras culturas. Tampoco es necesario ahondar en el papel de las sociedades humanas en la transformación de la faz de la tierra a través de la actividad agraria, y en la conformación de los paisajes y ecosistemas en lo que hoy son. Los paisajes culturales, testigos de la expresión de diversas culturas y formas de organización social en el territorio, constituyen lo más profundo de las diversas identidades locales. Pero ¿son sólo una expresión del pasado?

En efecto, los paisajes desoladores del mar de plástico de los invernaderos del poniente almeriense; el desierto de olivos en Jaén; los parajes tropicales arrasados por la deforestación o los cultivos agrocarburantes (soja, maíz, aceite de palma...); o los campos periurbanos sembrados de grúas, también son paisajes culturales. Son la expresión territorial de una cultura, esta vez más global, que con sus particularidades locales se expande por el mundo y continúa transformando su superficie, y cada vez más también el aire y el subsuelo.

El modo de producción agraria capitalista se expresa en paisajes saturados por los monocultivos agrarios: desiertos de biodiversidad en los que los recursos se agotan y se acumulan residuos de la actividad humana que los ecosistemas industrializados no alcanzan a asimilar. Mientras cada vez hay menos campesinos y más maquinaria agraria movida por petróleo, el grueso de la población de las zonas más “desarrolladas” del planeta se agolpa en las ciudades, malviviendo de espaldas a la naturaleza mientras esos bucólicos paisajes culturales que recrean nuestras identidades más profundas son sustituidas por la tecnología agraria, o convertidas en Espacios Naturales Protegidos que más parecen museos que realidades vivas y en evolución.

Más allá de las referencias a un pasado inocente y feliz, el territorio y los paisajes agrarios tradicionales suponen la expresión de equilibrios entre la Naturaleza y las sociedades humanas, construidos con mucho esfuerzo y conocimiento a lo largo de la historia, y mantenidos a través de una producción agraria que dependía de su capacidad para conocer y mantener los ciclos de la naturaleza a la vez que extraía de ella sus medios de subsistencia. La industrialización de la actividad agraria ha supuesto la disociación entre las culturas humanas y los ecosistemas que nos acogen. Estamos viendo como esta relación hoy mercantil, que deviene en enfrentamiento entre naturaleza y sociedad, se está volviendo cada vez más problemática y muestra equilibrios cada vez más frágiles.

En el presente artículo pretendemos, desde una perspectiva histórica, partir analizando los procesos de estatalización, cientifización y privatización (Sevilla Guzmán, 2006) de la gestión de los recursos naturales en el Estado español para permitir la industrialización agraria, como origen de la crisis ambiental actual; para llegar a una breve reseña sobe algunas propuestas que actualmente se están poniendo en práctica para revertir estos procesos y reconstruir relaciones entre naturaleza y sociedad desde la acción social colectiva y hacia la armonía con los ciclos naturales.

LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS USOS DEL TERRITORIO

De los bienes comunes al bien público.

Para comenzar un somero análisis histórico de los procesos privatizadores del suelo y de la producción agraria nos situaremos en los inicios de la era industrial española, y en concreto en el siglo XIX. Hasta ese momento, las economías denominadas orgánicas o de base solar funcionaban gracias a un fino conocimiento de los mecanismos ecológicos de regulación de los ecosistemas y de su productividad, y funcionaban gracias al equilibrio entre aprovechamientos privados y colectivos -comunales- que permitiese una gestión lo más eficiente posible del conjunto del territorio. Esta eficiencia buscaba la máxima productividad a la vez que aseguraba la renovabilidad de los recursos, y si bien estos límites no siempre se han respetado, existían numerosos mecanismos sociales, culturales y legislativos que velaban por que no fuesen rebasados .

Dentro de este sistema socioecológico fue clave la gestión comunal de determinados recursos y territorios, en general los más frágiles y menos productivos, que aseguraban la reserva ecológica de recursos para las malas temporadas (frutos del bosque, caza...), así como un acceso relativamente equitativo a los recursos más básicos (agua de riego y de boca, pastos de los animales domésticos, leñas, determinadas infraestructuras agrarias...). Este manejo comunal estaba ordenado por un rico abanico de pautas y expresiones culturales, a su vez que en un amplio y exhaustivo aparato legal e institucional, del cual aún llegan hasta hoy sistemas de regulación comunal que se han mostrado funcionales durante siglos; como el manejo de los bosques de muchas zonas de montaña, o el manejo de las aguas de riego en gran cantidad de vegas.

Las reformas liberales del siglo XIX (desamortizaciones, Ley de cerramientos, sistema administrativo de provincias...) que introducen la privatización del espacio agrario suponen, en este sentido, la quiebra de un modelo de explotación de los recursos naturales relativamente conservacionista, para impulsar otro abiertamente productivista. La imposibilidad del campesinado de cubrir buena parte de sus necesidades de subsistencia gracias a recursos comunales les vuelca a mercantilizar las economías (producciones y consumos), y a pasar de la racionalidad ecológica (Gonzalez de Molina y Sevilla Guzmán, 1993) a una racionalidad mercantil, en la cual la ecuación básica es la que relaciona coste y beneficio. La “Revolución Liberal” del siglo XIX permite la concentración de capitales necesaria para la creación de la industria rural y sobre todo urbana; pero también nos trae la quiebra de las sociedades campesinas y de todo su conocimiento.

Los cambios demográficos que comienzan con el siglo XX traen la generalización del modelo industrial y la paulatina concentración de la población en las ciudades. Desde éstas, el mecanismo rector de las relaciones entre sociedades y ecosistemas no es sino el mercado, con las funestas consecuencias que ya conocemos. La globalización del capitalismo y la creciente dependencia tecnológica no hacen sino acelerar los ritmos de extracción y uso de los recursos naturales, en flujos que superan con creces sus ritmos de reposición y de asimilación de residuos de los ecosistemas planetarios.

En este marco de una civilización de espaldas a los límites y procesos ecológicos, aún subsisten en el territorio español estructuras comunales para gestionar numerosos bienes: las Asambleas Vecinales y Concejos que siguen gestionando pastos y bosques para leña o para madera; las Comunidades de Regantes... Son instituciones en las que, aún con sus deficiencias, la racionalidad conservacionista no es ideología, sino un elemento constitutivo y absolutamente central, y que a lo largo de los siglos han demostrado, en muchos casos, su facultad para conservar la productividad de los ecosistemas. Pero esta racionalidad ha quedado obsoleta en una sociedad basada en el crecimiento económico, el trabajo asalariado y el consumo de masas; y poco a poco sus funciones han ido siendo asumidas por las distintas administraciones públicas.

El abandono de las formas de vida campesinas, y de sus innumerables formas tradicionales de manejo de los recursos naturales están profundizando en la degradación de los ecosistemas históricamente manejados por los seres humanos, por simple abandono. Por amplios que sean los actuales presupuestos para mantener los paisajes alpinos, los bosques o la biodiversidad cultivada; ninguna administración pública será capaz de movilizar, a través del mercado, el trabajo y el conocimiento que millones de campesinos y campesinas aportaban para el mantenimiento de la productividad orgánica de los ecosistemas. El éxodo hacia las ciudades de dos millones de campesinos y campesinas desde los años ’50, o la desaparición de millón y medio de puestos de trabajo en el sector agrario entre 1975 y 1995 están generando innumerables problemas (incendios forestales, simplificación de ecosistemas, desaparición de paisajes tradicionales, pérdida de biodiversidad, pérdida del patrimonio construido tradicional, desaparición de expresiones culturales...), que sin duda tienen relación con el modelo urbano-industrial de sociedad.

De la gestión pública a la privatización

El Estado ha demostrado, en general, ser una forma política incapaz de la gestión sostenible de los recursos naturales. Puede ser por la dificultad de una estructura tan grande, rígida y desterritorializada de atender a las sutilezas y particularidades de los procesos ecosistémicos; o por la subordinación de las políticas públicas a los intereses rentabilistas de las empresas. En cualquier caso, las sucesivas políticas e instituciones creadas por el Estado español a tal efecto han sido promotores activos de la industrialización del manejo de los recursos naturales y del medio rural (pantanos, repoblaciones con especies madereras o papeleras, abandono de pueblos, modernización de la producción agraria...), con la consiguiente profundización de los impactos ambientales y sociales que tal modelo genera.

Con la aceptación generalizada de la Crisis Ambiental Global desde finales del siglo XX y las presiones de los movimientos ecologistas, las administraciones públicas han ido destinando cada vez más recursos a su gestión. Pero con la excusa de la ineficacia de los organismos públicos, esta labor se va delegando en la empresa privada, que necesariamente ha de considerar estos recursos como mercancía y extraer beneficio monetario de dicha gestión. Así, lo colectivo va desapareciendo entre lo público y lo privado; y la regulación en el manejo de los recursos naturales se va delegando en el mercado. Se ha abierto un nuevo mercado “verde” mantenido por una clientela estable y generosa: las administraciones.

En este sentido podemos entender el interés privado por las patentes sobre los códigos genéticos de seres vivos, la gestión de parques naturales o las redes públicas de abastecimiento de agua; que hoy en día se subordinan a las leyes de la oferta y la demanda. Lo que no se puede entender es la pretensión de que la gestión privada de estos recursos naturales va a ser más eficiente y sostenible que la gestión pública (no hablemos de la gestión colectiva o comunal, que está aún más denostada). Y tenemos razones importantes para estar turbados ante esta idea que se ha convertido, tristemente, en dogma de fe del discurso económico oficial. Porque la empresa privada no atiende a la eficiencia en el uso de los recursos que explota, ni a su renovabilidad, sino a la máxima rentabilidad en el más corto plazo posible. Confiarle la gestión de algo tan valioso y tan frágil como los recursos naturales de interés general es un intento de suicidio.

Toda esta situación se agrava, al haberse convertido nuestro territorio en un centro mundial de atracción de capitales especulativos alrededor de la compra de suelo y de la construcción (Fernández Durán, 2006). En este escenario, la producción agraria pierde aún más peso, y los ecosistemas mejor conservados sólo son valorados en cuanto que son capaces de incorporar valor añadido a las promociones urbanísticas. El triunfo del ladrillo está monopolizando las inversiones de todo tipo, redirigiendo los flujos de recursos naturales (especialmente el agua) hacia las zonas donde se generan mayores plusvalías, generalmente deficitarias. La lógica especulativa está arrasando con las poco que quedaba de agricultura en las zonas donde ésta no se ha conectado con la economía global, cercenando así las posibilidades de reconstrucción de las economías en lo local y desde la sostenibilidad.

LA CUESTIÓN AGRARIA EMERGE A LA AGENDA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En respuesta a esta ola privatizadora de los recursos naturales y a los impactos que este modelo genera se están articulando gran cantidad de movimientos sociales en el estado español. Las movilizaciones de los últimos años contra el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 abrirían este nuevo ciclo de luchas, que alcanzó sus expresiones más multitudinarias en contra del trasvase Ebro-Segura en Cataluña y Aragón-, pero también se han alzado multitud de movilizaciones y organizaciones en lo que se han llamado “Plataformas en defensa del territorio”, contra el urbanismo desaforado y el modelo territorial hegemónico, que se han expresado sobre todo en toda la costa mediterránea y más especialmente en la Comunidad Valenciana.

Estos movimientos podrían ser catalogados dentro de lo que se ha llamado movimientos NIMBY : “no en mi patio trasero”, que plantean resistencias a las agresiones al medio ambiente o a las políticas privatizadoras o de cambios de uso del suelo en el ámbito local y regional, y que han tenido problemas para articular respuestas desde una visión territorial más amplia. Si bien desde estas instancias han surgido algunas propuestas de cambio de modelo de manejo de ciertos recursos naturales -como por ejemplo la de la Fundación Nueva Cultura del Agua-, muchas de estas propuestas no han superado una visión “gestionista”, sin profundizar en la crítica del modelo económico que genera la necesidad de estas políticas públicas.

Sin embargo, es de destacar la importancia que se le ha dado en algunos lugares a la conservación del “Patrimonio Agrícola”, rescatando los valores ecológicos, sociales y culturales del mismo. La importancia de la agricultura de pequeña escala, agricultura campesina o agricultura territorial, para mantener un medio rural vivo, un territorio articulado y una gestión sostenible del mismo, comienza a salir al debate social. Desde estas visiones se están articulando alianzas interesantes que vienen a intentar superar distancias históricas entre los diversos actores sociales preocupados por las formas de manejo de los recursos naturales y el territorio, y que en la actual ola privatizadora se están viendo excluídos y /o perjudicados. Así, en los últimos años podemos ver juntas en diversas plataformas a organizaciones agrarias con organizaciones ecologistas; a asociaciones del medio rural con otras del medio urbano; o a aquellas de productores agrarios con las de consumidores de sus productos.

Sin duda, la interconexión de las problemáticas socioambientales del campo y de la ciudad se comienza a percibir, así como los absurdos que genera esta situación de dualidad territorial. Y quizá también la importancia de las actividades económicas del sector primario para el conjunto de la sociedad, en el sentido que apuntábamos antes y en los de la seguridad y soberanía alimentarias. Este escenario está permitiendo la eclosión de interesantes propuestas e iniciativas que, en germen, pueden suponer alternativas apropiadas en contra del actual modelo territorial y agrario, desde paradigmas no capitalistas sino con una fuerte tendencia hacia el cooperativismo y hacia otras formas de colectivismo.

En el texto “Los pies en la tierra” (Autoría colectiva, 2003) se muestra la experiencia de diversos colectivos y organizaciones estatales en esta línea, y ellos mismos exponen sus propuestas y contradicciones en el proceso de ir generando un movimiento social que plantea resistencias y alternativas a la expresión territorial de la globalización capitalista. Sin duda, lo más destacable de este tipo de movimientos es la apuesta por una nueva cultura política, que pretende superar la dicotomía entre estado y mercado -lo público y lo privado- en la gestión de los recursos naturales, hacia nuevas formas de gestión construidas alrededor de lo social o colectivo.

Víctor M. Toledo (2000) define este tipo de movimientos como “disidencias productivas a la modernización agraria”, distinguiendo en ellos a dos tipos de “ámbitos sociales que parecen mantenerse como verdaderos focos de resistencia civilizatoria”: uno ubicado en ciertas “islas o espacios de premodernizad o preindustrialidad [...] en aquellos enclaves donde la civilización occidental no pudo o no ha podido aún imponer y extender sus valores, prácticas, empresas y acciones de modernidad”; y otro ámbito que califica como postmoderno y en el que situaríamos a las experiencias de las que estamos hablando, que estaría constituido por la “gama polícroma de movimientos sociales y contraculturales”.

De esa idea de “postmoderno” quisiéramos rescatar las síntesis que se elaboran entre elementos tradicionales y nuevas ideas para articular propuestas y formas de vida y organización de lo común apropiadas a cada situación concreta . Algunas de estas experiencias llevan a la práctica fórmulas que han sido propuestas desde muy diversos ámbitos de la teoría anticapitalista (como la Agroecología o la Ecología Social), y de la acción social transformadora (agricultura ecológica, economía social, ecologismo, acción directa no violenta, cooperativismo, colectivismo...). Articulan aspectos de estas y otras propuestas en proyectos colectivos vivos, adaptándolas a cada situación concreta para construir nuevas realidades a partir de estas culturas políticas y de los aportes positivos que nos han llegado de las sociedades campesinas.

EXPERIENCIAS DE GESTIÓN COLECTIVA DEL TERRITORIO ALREDEDOR DE LA AGRICULTURA

Cada vez está más aceptada la importancia de mantener la actividad agraria de pequeña escala y ecológica, como vía imprescindible para una reconstrucción de las economías (y por tanto una gestión política desde y para las comunidades) locales desde la sostenibilidad. Esto nos permite entender que sectores de lo que hemos llamado movimientos en defensa del territorio la asuman como un bien social a mantener, sobre todo en el extrarradio de las ciudades o en los intersticios de las grandes áreas conurbadas. En este sentido debemos atender al surgimiento de organizaciones, como la Plataforma Rural, que buscan expresamente la protección y expansión de la pequeña producción agraria y de la producción agroecológica desde las alianzas entre actores urbanos y rurales; ecologistas y agrarios; por un mundo rural vivo, como propone su lema. O a organizaciones de otro tipo que asumen, de momento muy tímidamente, esta línea de acción como propia, tal y como lo ha hecho Ecologistas en Acción al crear recientemente una comisión de Agroecología y Soberanía Alimentaria.

Podemos hablar del surgimiento de un movimiento agroecológico, que pretende articular respuestas y alternativas a la expresión territorial de la globalización capitalista a partir de redes sociales y económicas construidas entorno a lo agrario, estableciendo alianzas entre movimientos sociales urbanos y rurales (Autoría colectiva, 2006). Desde este movimiento podríamos hablar de intentos de recampesinización (Sevilla Guzmán, 2003 y Jan Douwe van der Ploeg, 2006) de los territorios y de las formas de relación con los ecosistemas, poniendo la colectivización de la responsabilidad sobre los procesos ecológicos y económicos en el centro de las propuestas, más allá del estado y de la empresa privada.

Los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) , suponen estructuras de conexión muy potentes entorno a la cual estas alianzas se están articulando. Este proceso rompe con la situación de enfrentamiento tradicional entre producción y consumo en la que nos sitúa el modelo capitalista y urbano-industrial, abriendo posibilidades de cooperación, precisamente contra las dinámicas territoriales que genera el capitalismo globalizado y que afectan negativamente a unos y otros. No en vano, el que estas iniciativas se estén construyendo entorno a la agricultura ecológica, permite la superación de otro conflicto histórico generado por las formas industriales de producción agraria, el que enfrenta a agricultores/as y ecologistas.

En las siguientes líneas nos vamos a centrar en varios ejemplos de experiencias que, desde la organización de diversas realidades en estructuras cooperativas o colectivistas, pretenden generar alternativas económicas y de vida más conectadas con los ciclos naturales a partir de lo agrario.

El consumo asociativo

Las asociaciones y cooperativas de consumo, comenzaron su existencia en el Estado español a mediados de los ’80, y siguen creciendo a un ritmo intenso. Aun representando una proporción reducida de las ventas en el sector ecológico, suponen un monto importante del consumo de productos frescos, y sobre todo de vegetales. En núcleos como las conurbaciones madrileña o barcelonesa, más de mil familias participan de estas iniciativas, y en la práctica totalidad de las capitales españolas podemos encontrar organizaciones de este tipo. El consumo asociativo cubre situaciones en las que no es rentable la distribución comercial, pero también genera un modelo de consumo más atractivo para los sectores sociales más concienciados respecto a las problemáticas sociales y ecológicas.

El panorama es muy diverso, y encontramos grupos que solo reciben producto de una finca, de varias o de distribuidoras comerciales; grupos con tienda de venta al público, otros que solo distribuyen a personas socias, o grupos cerrados y sin local; aquellos que piden precios a las distribuidoras, otros que negocian precios con la producción cada temporada, o los que establecen cuotas fijas mensuales independientes del producto recibido, para mantener los ingresos de la producción. En otros espacios geográficos este tipo de iniciativas han creado modelos mucho más complejos que han permitido un crecimiento muy importante en cuanto al número de personas y de productos que mueven, como en los Estados Unidos o en Japón.

La opción asociativa o cooperativa es una forma de satisfacer varias necesidades a la vez. Nos permite cubrir nuestras necesidades de alimento de una forma saludable, cómoda y barata; abriendo espacios económicos donde es posible defenderse de los oligopolios de la distribución y de las grandes marcas: los altos precios, la mala calidad, la escasa diversidad de los productos, las condiciones sociales y ecológicas de la producción... Y al mismo tiempo nos permite participar de redes sociales en las cuales definimos nuestras condiciones materiales de existencia y fortalecemos las comunidades en las que estas condiciones se reproducen: nuestro grupo de amigos, nuestro vecindario, nuestro pueblo, nuestra ciudad... Si el consumo, en las sociedades urbanas terciarizadas, es un espacio importante de socialización el consumo asociativo moviliza formas de socialización solidarias y basadas en el apoyo mutuo; abre procesos donde aprendemos a participar y a autoorganizarnos de forma horizontal; y abre la posibilidad de redirigir flujos monetarios en función de los intereses de las comunidades que los generan.

Este tipo de organizaciones funciona como puente entre la actividad económica local (a través del consumo) y el tejido asociativo, generando interesantes contactos y sinergias. Se apoya sobre tejidos asociativos preexistentes, en las identidades y confianzas que estos generan, y también en sus infraestructuras. Pero a su vez los puede fortalecer y regenerar, dotándolos de nuevos contenidos y actividades a través de una actividad -la alimentación- tan básica y cotidiana, que permite la confluencia de muy distintas gentes e intereses. Por otro lado permite, mediante la relación directa con los productores, un acercamiento a la naturaleza y al medio rural de las poblaciones urbanas; fomentar el empleo digno y sostenible en le medio rural; y fortalecer la actividad agraria en la cercanía de las ciudades.

Las formas de solidaridad entre ambas partes son variadas: los precios fijos acordados para toda la temporada; el acuerdo de consumos y oferta de variedad y cantidad mínimos; los pagos agrupados por adelantado; la financiación desde el consumo de las inversiones de la producción; el acuerdo de un ingreso fijo anual para la producción; la participación del consumo en las tareas agrícolas; la participación conjunta en movilizaciones y campañas por el medio rural o por la agricultura local... Los modelos más avanzados en esta línea, a nuestro parecer, son aquellos que eliminan el precio de las transacciones económicas para construir espacios socioeconómicos que generan recursos (producción, conocimiento, dinero, relaciones...) y los reasignan en su interior en base a las necesidades de los distintos actores integrantes de la comunidad, como en el modelo de Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH) u otras cooperativas parecidas .

En nuestro territorio, las principales contradicciones que están encontrando las experiencias de consumo asociativo podrían resumirse en las siguientes :

 Cuanta menor escala más fácil es la organización, pero más difícil es el abastecimiento estable y de calidad de los productos, debido a las escalas normales de producción y distribución agrarias.
 Al realizar pedidos pequeños, a veces la producción o distribución dejan para estos circuitos los productos de peor calidad.
 Cuanto más crece la organización, más difícil es su gestión. Muchas optan por profesionalizarla.
 Cuanto más crece la organización, más difícil resulta la relación directa entre consumidores, y por tanto la participación, el trabajo voluntario de gestión, o la confianza en la gestión de problemas que van surgiendo. También resulta más difícil la relación directa con la producción, minando las posibilidades de corresponsabilidad y solidaridad entre partes.
 Con el tiempo y el crecimiento, aparece cierta inercia en la que se van abandonando dinámicas de movimiento social, hacia una mayor eficiencia económica y de gestión. En este tránsito se pierde buena parte del trabajo voluntario y de la ilusión que sacó adelante las iniciativas, aunque quizá la profesionalización se da cuando va desapareciendo la ilusión inicial...

Organizaciones de pequeños productores ecológicos

Desde los años ’80, con la incipiente expansión de la agricultura ecológica, podemos encontrar experiencias aisladas de producción, a menudo de neorrurales, que buscan canales alternativos de comercialización de sus productos en base a la venta directa en finca, en mercadillos, a domicilio o con la creación de grupos de consumo en las ciudades y pueblos cercanos. Ya a principios de los ’90 encontramos en Andalucía una experiencia de confluencia entre movimientos sociales urbanos y campesinos (el SOC, Sindicato de Obreros del Campo), que deriva en la creación de grupos de consumo en las ciudades para recibir la producción de una incipiente red de cooperativas de producción agraria ecológica ligadas a este sindicato. De esta interacción surge la actual Federación Andaluza de Organizaciones de Consumidores y Productores de Productos Ecológicos y Artesanales (Sevilla Guzmán et al., 2002).

Estas cooperativas agrarias emprenderán un importante trabajo en la reconversión de sus fincas a la agricultura ecológica, a la producción diversificada que requieren los CCC, y a la relación directa con los consumidores. A su vez emprenden una gran labor en la recuperación de conocimientos, formas de manejo y variedades hortícolas tradicionales; en la coordinación de las producciones; la organización de la distribución; y también en la creación de las propias asociaciones de productores y consumidores en las ciudades.

Durante años esta experiencia de organización de diversos núcleos de producción agraria fue un referente único para la pequeña producción ecológica que no buscaba los mercados internacionales, sino un proyecto social ligado a lo local a través de los CCC. A partir del 2000 aparecen otras iniciativas de organización de productores ecológicos dirigidas a los CCC, ligadas a organizaciones agrarias profesionales como COAG o la Asamblea Pagessa en Catalunya, que buscan alianzas con movimientos sociales urbanos y con agrupaciones de consumidores para distribuir sus producciones de forma directa. Los tejidos de consumo asociativo ya asentados en las ciudades van haciendo más posible que pequeños productores, sobre todo hortícolas y de ganadería para carne o para productos lácteos, vayan derivando sus producciones hacia los mercados internos, y en concreto hacia los tejidos sociales que ofrecen mercados de proximidad, como los CCC.

En este tiempo el panorama alternativo ha crecido y se ha diversificado en gran medida, con multitud de iniciativas rurales, neorrurales y periurbanas de CCC que conectan producción y consumo, campo y ciudad. La profusión de distintos modelos en nuestros territorios, y la difusión de iniciativas con décadas de experiencias en otros (como los Teikkei japoneses, los CSA estadounidenses o los AMAPs franceses) están generando las ideas y la confianza necesarias para que esta corriente se convierta en un auténtico movimiento. En la actualidad asistimos a procesos de fortalecimiento, expansión y profundización de estas iniciativas. Es de resaltar la integración de diversos núcleos de productores en Andalucía para el impulso del denominado consumo social (comedores escolares, hospitales, residencias...) de productos ecológicos, que comenzó en el año 2005 y en 2006 abastecía a más de 40 comedores de colegios públicos andaluces, lo cual refuerza las conexiones entre los agricultores locales y otros actores sociales. A su vez, están surgiendo algunas iniciativas de productores que se agrupan para establecer puntos de venta colectivos en las ciudades, en regiones como Catalunya, Euskal Herría, Galicia o Andalucía.

Experiencias de reapropiación colectiva del territorio rural

El fuerte éxodo rural en el Estado español acontecido especialmente a partir de los años ’50, dejó más de 1500 pueblos abandonados, principalmente en las zonas de montaña. Esto hizo que ya en los ’80, con la resaca de aquella primera crisis del petróleo, miles de jóvenes probasen a “irse al campo” en busca de una nueva forma de vida más cercana a la naturaleza. Las formas de acceso a la tierra variaron entre la cesión, la compra, el alquiler o la ocupación de casas o de núcleos urbanos completos. Algunas de estas experiencias continúan en nuestros días, manteniéndose en algunos casos muy activas políticamente a nivel local e incluso a nivel estatal o internacional, como los conocidos pueblos okupados de Lakabe o Aineto.

Desde los ‘80 se ha seguido produciendo un goteo de proyectos colectivos neorrurales que se van asentando en el campo y que se pueden contar por decenas, especialmente en los Pirineos, pero también en otras sierras como el Sistema Ibérico, los Montes de Galicia o la Cordillera Penibética. Muchas de estas experiencias mantienen prácticas muy marcadas por la acción política y ligadas a la producción agraria de subsistencia, y están suponiendo un importante empuje para todo tipo de proyectos colectivos en el medio rural.

Las prácticas de okupación sobresalen por su mayor profundidad en el cuestionamiento de las formas de propiedad y de la especulación del suelo y de las edificaciones rurales. Pero nos parece aún más importante las tareas por revitalizar el tejido social (escuelas, asociaciones culturales, acción política...) y económico (producción agraria, cooperativas de producción y de consumo...) en el medio rural, devolviendo el valor a la cultura y la actividad rurales tradicionales para construir un nuevo futuro para el medio rural. Tan solo abriendo las posibilidades de vivir en el campo y del campo “dignamente”, conseguiremos frenar la expansión de especulación del suelo y de las segundas residencias. Y los aportes de los neorrurales a los tejidos sociales rurales, con sus nuevas energías, sus nuevas culturas políticas y sus apoyos en las ciudades se están revelando una herramienta muy poderosa a este fín.

En efecto, la reapropiación del territorio no se consigue con un simple cambio de propiedad, sino con la capacidad efectiva de desarrollar en ese espacio las formas de vida que uno quiere. Y para eso necesitamos también un espacio económico y social que haga posible darle vida a ese territorio. Por ello, todo tipo de experiencias colectivas que revitalizan un territorio movilizando sus recursos endógenos, suponen la base simbólica y organizativa imprescindible para reconstruir lo local y sustraerse de las dinámicas de dominio y explotación (entre personas y de la naturaleza) que impone la globalización capitalista.

De entre esta corriente de revitalización de la vida colectiva rural destacaríamos las iniciativas de recuperación, con formas cooperativas, de los recursos fitogenéticos (como las distintas redes de intercambio de semillas agrarias tradicionales) o de los conocimientos tradicionales para el manejo de los recursos naturales . También las iniciativas que, desde la unión de “autóctonos” y “neorrurales”, luchan por el mantenimiento y revitalización de las instituciones comunales tradicionales para el manejo de los recursos naturales ya mencionadas, como los Concejos, las Comunidades de regantes o los montes y pastos comunales. O las que buscan el reconocimiento de la transformación agraria artesanal y exigen una normativa sanitaria diferencial de la Agroindustria. Y también todo tipo de luchas y resistencias contra proyectos desarrollistas (pantanos, pistas de eskí, TAVs...) que amenazan el medio rural y las formas de vida que en él se desarrollan.

Por último, cabe resaltar las iniciativas que desde la okupación urbana están saltando a los espacios agrarios que quedan en los intersticios del crecimiento de las conurbaciones o incluso a los solares vacíos en los procesos de reestructuración de los centros urbanos. La okupación rurbana o periurbana supone otra versión de recampesinización en los movimientos sociales, que está suponiendo una alternativa económica y de vida muy interesante ligada a la producción agraria para muchos jóvenes. Supone además una conexión de los movimientos urbanos más antagonistas con la realidad y la problemática agraria, y está permitiendo el surgimiento de alianzas inéditas entre los movimientos de okupación y las poblaciones agrarias residuales o inmigradas a las grandes ciudades, a través de la gestión colectiva de huertos de ocio okupados.

EPÍLOGO: ¿TERRITORIALIZAR LAS LUCHAS O POLITIZAR EL TERRITORIO?

Sin duda, estos movimientos están encontrando infinidad de conflictos y contradicciones en su desarrollo. La confluencia de colectivos sociales tan diversos está sometida a fuertes diferencias y tensiones que revientan a menudo y que obligan a reinventarse a cada momento. A su vez, la necesidad de construir formas de relación social y económica alternativas a las formas individualistas y corporativas de las sociedades capitalistas, nos sitúa precisamente en contra de las estructuras psicológicas y sociales que nos han formado como personas, sobre todo a los pobladores urbanos, lo cual es un asunto complejo y a menudo doloroso que hay que practicar y aprender. Por último, la precariedad económica y la actitud hostil por parte de las administraciones para proyectos que no siguen las directrices de la economía de mercado, hacen más difícil aún tirar para adelante con ellas.

Pero aún así, vemos que cada vez somos más la gente que optamos por entrar en estos proyectos y convertirlos en nuestra forma de vida. A través de nuestra experiencia en este tipo de iniciativas hemos comprobado también que resulta muy difícil comprender las problemáticas específicas que suponen la diversidad de situaciones dentro de los circuitos económicos, pero esta dificultad no debe suponernos desaliento, sino riqueza de pareceres y recursos a la hora de reconstruir los espacios sociales en que vivimos de forma colectiva.

A través de iniciativas que conectan campo y ciudad alrededor de lo agrario, estamos sentando las bases para una reconstrucción de las relaciones entre estos dos entornos, y de las comunidades locales con los ecosistemas que los acogen. Intentamos así retomar una coevolución entre sociedad y medio ambiente que no degenere a ambos, a través de identidades y conocimientos compartidos que permitan la construcción de espacios de responsabilidad colectiva sobre los procesos económicos, y en concreto sobre el manejo de los recursos naturales y del territorio. Construimos iniciativas económicas que anclan en el cotidiano y en territorios concretos las reivindicaciones políticas de las comunidades locales; en formas de relaciones que reproduzcan las comunidades y sus ecosistemas, y no el capital. Construimos procesos políticos desde la base social y ligados al territorio, que buscan conectarse con los ciclos ecológicos para la búsqueda de sustentabilidad.

La potencia política de este tipo de iniciativas es algo que está por ver, y sobre todo en relación con los procesos económicos y políticos de la globalización capitalista, origen último de las problemáticas que estamos atendiendo. Precisamente, la dedicación de las energías de los movimientos sociales a la construcción de tejido social y económico desde lo cotidiano, resta fuerza a la militancia más clásica: la de denuncia y lucha contra el despliegue del aparato legislativo, administrativo y represivo que abre camino a la globalización. Sin embargo, creemos que la resistencia y la construcción de alternativas deben crecer juntas y alimentarse mutuamente en cuanto a contenidos y formas de acción colectivas, si queremos construir una alternativa en profundidad. La conexión entre estas dos dimensiones de la acción política es tarea imprescindible, que estamos logrando en algunos aspectos muy concretos como la lucha contra los Organismos Modificados Genéticamente, o determinadas luchas contra las Grandes Infraestructuras de transporte o aprovisionamiento de recursos naturales (agua, etc...).

Aunque de momento los resultados son muy limitados a nivel de la articulación política de este tipo de experiencias, si estamos consiguiendo, en muchos casos, desarrollar espacios de vida mucho más acordes con los ecosistemas que poblamos y con cómo nos gustaría vivir en ellos, a través de la acción colectiva y de formas colectivistas y cooperativas de organización de nuestra economía. Esto ya es mucho, y sin duda ha de ser la base para construir movimientos sociales más grandes y fuertes, que puedan crecer en número a la vez que evolucionan sus formas de existir y de organizarse en relación con el medio (social y ecológico) que les rodea.

BIBLIOGRAFÍA

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