UN MUNDO RURAL EN CRISIS
El medio rural del estado español viene sufriendo una profunda crisis demográfica desde los años ’50 del pasado siglo, profundizada con la entrada en la Unión Europea y la desarticulación del sector agrario que trajo consigo y que aún continúa. Hoy en día, el sector agrario ocupa al 5,1% de la población activa , y genera poco más del 3,7% del PIB nacional. Sin embargo, sigue teniendo un papel central en las economías rurales, así como en el mantenimiento de la cultura, el paisaje y los ecosistemas que se han ido construyendo durante milenios a través de esta actividad.
Durante las últimas décadas, la producción agraria “rentable” se ha concentrado en ciertos polos de desarrollo (litoral sudeste, valles del Ebro y del Guadalquivir...) y en ciertas producciones (aceite de oliva, vino, productos de origen porcino...) alrededor de los cuales se han emprendido importantes procesos de industrialización de la producción y de “integración vertical” del sector agroalimentario. Para el resto del territorio, la visión institucional sobre el medio rural ha ido desplazando a la actividad agraria de la centralidad hacia lo que llaman la “multifuncionalidad” de los espacios rurales. En base a esta idea, se están impulsando modelos de ruralidad con una funcionalidad de ocio, segunda residencia o ciudades dormitorio, y con una actividad económica crecientemente ligada a los mercados globales, a través del turismo rural o de los servicios a la población urbana.
La doctrina de la Unión Europea, desde la reforma de la Política Agrícola Común de 1996, viene planteando que la función de la agricultura ya no es tanto la producción de alimentos, sino la “custodia del territorio” con tintes ambientalistas. Sin embargo, cuesta creer que la diversificación económica que se plantea va a compensar la desaparición de millón y medio de puestos de trabajo en el sector agrario desde los años ’80, o la conservación del territorio y los recursos naturales que éstos realizaban a través de su producción.
Mientras tanto, el medio rural sigue en su proceso de desarticulación, entre el avance del desierto demográfico; la falta de equipamientos y servicios públicos; la degradación del medio ambiente ligada a la industrialización de la producción agraria y al abandono de los espacios menos rentables; la especulación urbanística y del suelo; y su condición de sumidero de los residuos urbanos.
PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL
En este escenario, el nuevo proyecto de ley presenta como objetivos la competitividad y multifuncionalidad de las economías rurales; el incremento de la población rural y de su bienestar; y la conservación del patrimonio y de los recursos naturales y culturales rurales. Para la consecución de estos objetivos, plantea las siguientes líneas estratégicas: la diversificación de la economía rural, con el mantenimiento de una actividad agraria “suficiente” (sic.); la mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, adecuándolos a las singularidades del medio; lograr un “alto nivel de calidad ambiental”; y favorecer el “acceso a la vivienda en el medio rural”, adecuando el urbanismo a la armonía con el medio ambiente.
Desde distintas voces se cuestiona la capacidad presupuestaria de esta ley para conseguir tan loables objetivos. Pero también es muy criticable el enfoque territorial de la ley, que no considera las desigualdades entre regiones, ni tampoco las fuertes desigualdades sociales en el campo y en concreto en el sector agrario, que han sido fuertemente alimentadas por los precedentes fondos de la UE para el medio rural. Las dos décadas de experiencia nos dicen, también, que las políticas de diversificación de la economía rural han permitido la colonización, por parte de los capitales urbanos, de los pocos recursos dispuestos para el medio rural, ya sea para el turismo o la urbanización, o para la generación de industrias agrarias o de otro tipo.
Por último, se echa en falta concretar más las medidas de discriminación positiva de jóvenes, mujeres y población inmigrante, que de momento no se han quedado en más que buenas intenciones, lo cual puede continuar a la vista de la exclusión de las organizaciones sociales rurales respecto a los órganos de control de la aplicación de la ley. Y sobre todo, cabe mencionar la debilidad de la estrategia de protección del medio ambiente, sin una visión integral del papel imprescindible de la agricultura tradicional (el pastoreo extensivo, el multicultivo, la producción ecológica y basada en el manejo de la biodiversidad), y sobre todo con la preocupante apuesta por los biocombustibles como centro de los planes de diversificación energética.
NUEVOS FONDOS PARA EL DESARROLLO RURAL
En abril de 2007 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobaba el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (2007-2013). Este plan establece, con casi un año de retraso y antes de haber podido aprobar la Ley de Desarrollo Rural, el marco normativo de aplicación de los FEADER (Fondos Europeos para la Agricultura y el Desarrollo Rural), que sustituyen a los anteriores programas LEADER, y asumen algunas partidas presupuestarias que anteriormente pertenecían a la PAC.
El Plan, al igual que la Ley, sigue fielmente la estructura dispuesta por la Comisión Europea para los fondos FEADER en cuatro ejes de acción: aumento de la competitividad de agricultura y silvicultura; mejora del medio ambiente y del entorno rural; calidad de vida y diversificación en las zonas rurales; y enfoque LEADER de aplicación, en búsqueda de la intagralidad de las actuaciones a través de la participación de los distintos actores implicados en cada territorio rural.. Cada eje recibe dotación presupuestaria en orden decreciente.
Ante estos objetivos, y yendo al detalle, choca que la partida más importante busque claramente la integración en los mercados globales para una agricultura que ya hace años que fue expulsada de éstos; y que históricamente ha generado despoblamiento y grandes beneficios para las empresas de insumos agrarios . Y por otro lado, la mención constante al fortalecimiento de la agroindustria no hace sino profundizar en el desplazamiento del valor añadido bruto desde los productores de materia prima hacia la industria, lo cual viene ocurriendo hace ya tiempo. Es necesario mencionar, a su vez, que la agroindustria española, de hecho, cada vez tiende más a importar esta materia prima, lo cual hace dudar de la capacidad de estas medidas para mantener la actividad agraria en el territorio ibérico, sobre todo en aquellas producciones con mayor rentabilidad.
Respecto al Medio Ambiente, resalta la falta de definición en normativas o líneas de subvención concretas que apoyen de una vez por todas la producción ecológica, y una gestión integral y sostenible del territorio por los agricultores/as y ganaderos/as, con normativas ambientales adaptadas a la producción sostenible y de pequeña escala. Y sobre todo, el sorprendente papel central asignado a los biocombustibles en la apuesta por las energías renovables. La sustitución del cultivo cerealista por un monocultivo ultraindustrial de cardos transgénicos en una meseta llena de tractores y vacía de personas, es una visión de futuro aterradora.
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